El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha propuesto de cara a la futura Ley de Vivienda que se fije un porcentaje mínimo del 50% para la vivienda protegida en alquiler dentro del suelo sujeto a algún régimen de protección pública con el objetivo de impulsar este mercado.
Este porcentaje abarcaría tanto a actuaciones de nueva urbanización como a proyectos de reforma o renovación de la urbanización y deberá recogerse en la legislación sobre ordenación territorial o urbanística, según han señalado fuentes conocedoras.En el marco de una nueva reunión entre los equipos del Ministerio que dirige el socialista José Luis Ábalos y sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, el Mitma ha planteado además mejoras en los procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad y avances en la definición de vivienda vacía y en la modulación del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
En el proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, se busca introducir criterios objetivos para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica (con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social), a fin de agilizar el procedimiento y la respuesta.
Además, se quiere asegurar que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales, ya sean municipales, autonómicas, con recursos del Estado o acordadas con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo.
Asimismo, se proponen mejoras cuando el procedimiento de desahucio pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables a fin de lograr una comunicación rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales y agilizar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.
En esta nueva reunión de los equipos negociadores, que fue aplazada varios días, el Ministerio ha propuesto una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal tasadas por la Ley.
Asimismo, se propone que los ayuntamientos pueden modular el recargo previsto de la cuota del IBI, con el objetivo de hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad.
