Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón ya han sido citados a comparecer en los juzgados de Plaza de Castilla. El magistrado que investiga el caso de las comisiones millonarias en los contratos de equipos médicos citó a ambos empresarios a declarar como imputados el lunes 25 de abril a las 12.30 horas. Además, el magistrado aceptó la petición del fiscal y ordenó el embargo de sus bienes, incluidos todos los artículos de lujo que supuestamente compraron con las comisiones que recibieron y que Anticorrupción denunció.
La citación, explican fuentes jurídicas a este diario, se produce justo un día después de que el juzgado número 47 anunciara la admisión de la querella de Anticorrupción contra los dos empresarios. El Ministerio Público les acusa de un delito de estafa, otro de falsedad documental y otro de blanqueo de capitales, de los que tendrán que responder el 25 de abril, tras declarar ante la Fiscalía Anticorrupción también en esa ocasión.
La Fiscalía, según desvela elDiario.es, investiga a estos dos empresarios desde 2020 por haber cobrado seis millones en comisiones de tres contratos de suministro de material sanitario por parte de la empresa funeraria municipal de Madrid. Fue Luis Medina Abascal quien, según este relato, se presentó en el Ayuntamiento de Madrid aprovechando su fama y su amistad con un primo del alcalde y le propuso a su amigo Alberto Luceño traer mascarillas, pruebas de anticuerpos y guantes de nitrilo desde China a través de una empresa malaya.
Ambos, según la denuncia, engañaron al ayuntamiento y le cobraron varios millones más por el material para cobrar sus comisiones. Además, una vez que cobraron sus comisiones, la Fiscalía sospecha que intentaron blanquear el botín comprando artículos de lujo de alto precio como relojes, una docena de coches de lujo y una casa en el caso de Luceño. El hijo del difunto duque de Feria utilizó su parte para comprar, entre otras cosas, un yate al que bautizó como «Feria» y que puso a nombre de una empresa gibraltareña en sociedad con su hermano Rafael.
Otra de las medidas adoptadas por el juez, a petición de Anticorrupción y siguiendo el guión habitual en este tipo de casos, fue el embargo de bienes para cubrir una hipotética condena.
