El juzgado número 11 de Madrid ha abierto juicio oral contra Eugenio Pino, que fue director adjunto operativo (DAO) de la Policía, por presuntos delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio en relación con el origen del pendrive con información de la familia Pujol.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez Juan Javier Pérez ha enviado al banquillo de los acusados a Pino, número 2 de la Policía con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior e Ignacio Cosidó como director del Cuerpo, y al otro procesado, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.
El magistrado, que designa la Audiencia Provincial de Madrid como órgano competente para juzgarles, ha solicitado que depositen una fianza conjunta y solidaria de 5.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias en las que podrían incurrir.
Este caso se centra en el presunto origen ilícito de una memoria USB que la Policía aportó al juez de la Audiencia Nacional que investiga la fortuna de los Pujol, José de la Mata, quien, sin embargo, lo anuló como prueba y encargó investigar su origen.
Hace unos meses, la Fiscalía solicitó el archivo al considerar que ninguno de los dos participó en la decisión de entregar el pendrive al juez y que no se puede concluir que ordenasen o se concertasen con terceros para acceder a bases de datos y «copiar informaciones» correspondientes al hijo mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.
Ahora, el juez solicita al ministerio fiscal que confirme «si hace renuncia expresa a presentar acusación».
Aunque la Fiscalía no acusase, los procesados ya se enfrentan a peticiones de cárcel por parte de las otras acusaciones: la que ejerce Pujol Ferrusola solicita dos años y medio, mientras que Podemos eleva su petición a 10 años y medio de prisión.
Por su parte, los acusados recurrieron el auto de procesamiento, un asunto que se encuentra a la espera de resolución de la Audiencia de Madrid y en el que la Fiscalía interesó que se fallase a favor de los acusados.
Según la tesis del juez instructor, Pino y Díez «pudieron concertarse» para hacer llegar el pendrive, que contenía información privada del hijo de los Pujol, al juez De la Mata «ocultando su ilícita procedencia».
En su auto de procesamiento, el juez aludió a «las notables contradicciones» de Pino, que primero declaró que Marcelino Martín Blas, antiguo comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, le mostró en 2013 un pendrive que supuestamente provenía de la Agencia de Información Método 3 con información confidencial y que ordenó a sus subordinados hacer copias del mismo.
Pero tiempo después se desdijo al afirmar que Martín Blas le contó que el dispositivo «venía de los magos» y que él dedujo que se refería a dicha agencia; e incluso señaló que el excomisaro José Villarejo -en prisión e investigado por la Audiencia Nacional- le ofreció venderle el pendrive por 200.000 euros.
