El juez del juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha enviado finalmente al Tribunal Supremo la petición para que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sea imputada por un delito de blanqueo en el marco del caso Imelsa que afecta sistémicamente al PP valenciano, por el que ya han sido imputados medio centenar de concejales, asesores y trabajadores del partido en Valencia tras la macrorredada en la que fueron detenidas 24 personas el pasado 26 de enero.
La petición del magistrado valenciano al Supremo se debe a la condición de aforada de Rita Barberá como senadora en la Cámara Baja, por lo que el alto tribunal es el único que puede ordenar la imputación/investigación de la exalcaldesa.
El juez cree que hay indicios fundados para que el Supremo la impute por la supuesta financiación ilegal del PP en la ciudad de Valencia. Es la conocida como operación de pitufeo, por la que están imputados casi todos sus concejales, que habrían blanqueado 50.000 euros: un remanente de la caja B local.
Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por la gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent, el “yonki del dinero” que colabora en la investigación, a la que aportó grabaciones en las que se puede escuchar a miembros del PP valenciano “contando dinero”.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, el instructor subraya las sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación de Rita Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y cree que las explicaciones dadas por la senadora son «insuficientes» para excluir su posible implicación.
(Postdigital/Agencias)
