El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de Empleo. Una norma que contempla la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo, para «racionalizar la prestación de servicios y profundizar en su transformación digital». Además, las empresas y organismos públicos tendrán que comunicar las ofertas de empleo a los servicios de intermediación y éstas se pondrán a disposición de los demandantes de empleo en una plataforma digital estatal.
El proyecto de ley pretende responder a las necesidades del mercado laboral y combatir sus debilidades estructurales, como el desempleo y el paro juvenil, según el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz. También se compromete a aumentar la eficacia de las políticas laborales activas para «acompañar las transformaciones que exige el cambio de modelo económico».
El Sistema Estatal de Empleo, que estará integrado por representantes del Gobierno, de las comunidades autónomas y de los agentes sociales, compartirá el gobierno del Sistema Estatal de Empleo con la Conferencia Estatal de Empleo y Trabajo.
Aumenta la capilaridad de las Políticas Activas de Empleo, promoviendo, junto con las Comunidades Autónomas, el papel activo de las entidades locales para ganar en inmediatez y proximidad y lograr un nivel óptimo de implantación en todo el territorio.
La ley también establece el principio de no discriminación en el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo.
Propone la conversión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una agencia estatal y que todas las instituciones implicadas en las políticas de empleo estén dotadas de recursos humanos suficientes y tengan una formación especializada adecuada a los servicios que prestan.
Los servicios garantizados están consagrados al más alto nivel normativo. La futura agencia estatal, los servicios de las comunidades autónomas y los servicios públicos de empleo deberán ofrecer una cartera de servicios básicos de orientación, formación, intermediación y asesoramiento laboral.
Las empresas comunicarán las ofertas de trabajo a los servicios de empleo. Se trata de un ejercicio de transparencia que mejorará el acceso al empleo y también hará un seguimiento eficaz de las necesidades del mercado laboral, según Trabajo.
Un tutor profesional debidamente cualificado proporcionará a los demandantes de empleo una atención personalizada a lo largo de su formación y trayectoria profesional para mejorar su empleabilidad.
La Ley de Empleo incluye una nueva figura: los acuerdos y recomendaciones específicas para la promoción del trabajo decente que formulará la Conferencia Sectorial de Empleo y Trabajo.
También se crea la Oficina de Análisis de Empleo para promover la investigación, el estudio y el asesoramiento en materia de política de empleo y la elaboración, publicación y difusión de documentos sobre empleo y ocupación que puedan ser de utilidad para el Sistema Estatal de Empleo. El análisis de datos a través de la inteligencia artificial y el procesamiento de Big Data está integrado en el sistema de forma real. También se encargará de desarrollar actividades de formación dirigidas a los funcionarios.
La regulación del Sistema Integrado de Información Pública de los Servicios de Empleo incluirá cuestiones como los criterios de orientación, las referencias al tratamiento de datos o la toma de decisiones basadas en el análisis de datos y las pruebas estadísticas.
Los demandantes de empleo dispondrán de herramientas para mejorar su empleabilidad y desarrollar un itinerario personalizado que se les proponga. Al mismo tiempo, se establece un compromiso con la labor de los sistemas públicos de empleo.
El Sistema Estatal de Empleo dispondrá de una metodología basada en la establecida por la Comisión Europea para evaluar sus procesos y el grado de rendimiento de los distintos servicios públicos de empleo cuya cartera de servicios será objeto de seguimiento y control para valorar su impacto real en el mercado de trabajo. La gobernanza del sistema se rediseña así con un método abierto de coordinación.
En cuanto a las políticas activas de empleo, se incorporan tres índices: la empleabilidad, la intermediación y la cobertura para controlar los parámetros de incorporación de las personas al mercado de trabajo; el impacto y la promoción del nivel de empleo y formación y también el grado de protección frente al desempleo.
La nueva Ley de Empleo amplía la lista de colectivos de atención prioritaria para las políticas de empleo en la que, además de jóvenes, parados de larga duración o mayores de 45 años, entre otros, añade a personas con capacidad intelectual límite, personas que sufren trastornos del espectro autista, migrantes, beneficiarias y beneficiarios de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas que pertenecen a minorías étnicas o personas trabajadoras que provienen de sectores en reestructuración.
