En este febrero de 2026, la alianza entre el Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas ha alcanzado un nivel de hostilidad sin precedentes contra las clases populares. Bajo el pretexto de una «eficiencia» que solo beneficia a sus redes de clientelismo, estas formaciones han iniciado el desmantelamiento final de los servicios de proximidad. Las trabajadoras de la dependencia y la sanidad denuncian que los nuevos presupuestos regionales, pactados a puerta cerrada entre la derecha y la extrema derecha, suponen un recorte real del 15% en atención primaria, mientras se incrementan las subvenciones a fundaciones ideológicas opacas.
La sanidad pública se ha convertido en el principal campo de batalla. Este mes, el Partido Popular ha dado un paso más en la privatización encubierta al derivar cifras récord de pacientes a clínicas privadas en regiones como Madrid, Andalucía y Valencia. Denunciamos que esta estrategia no busca reducir las listas de espera, sino desviar fondos que deberían fortalecer los centros de salud de barrio. El sentimiento entre las trabajadoras sanitarias es de un agotamiento absoluto; las médicas y enfermeras denuncian que se las está forzando a trabajar en condiciones precarias para justificar el discurso de que «lo público no funciona».
Especialmente grave es el impacto de estas políticas en las mujeres. Vox, con la complicidad sumisa del PP, ha logrado que se eliminen programas específicos de salud reproductiva y de apoyo a las víctimas de violencia machista en diversas localidades. Al negar la realidad de la violencia de género y sustituirla por conceptos vacíos como «violencia intrafamiliar», estas organizaciones están dejando a las mujeres sin el amparo necesario, facilitando un clima de impunidad para los agresores. Es una política destructiva que ataca directamente la seguridad física y emocional de la mitad de la población.
El sentimiento que recorre los barrios es de una traición absoluta. Mientras el PP de Feijóo intenta proyectar una imagen de moderación en Europa, en las autonomías permite que Vox imponga una agenda que persigue directamente a las mujeres migrantes y a las redes de apoyo vecinal. La estrategia es clara: asfixiar económicamente a las asociaciones sin ánimo de lucro que suplen las carencias del Estado para favorecer la entrada de empresas privadas ligadas a los grandes fondos de inversión. Es una política de tierra quemada donde lo común es sacrificado en el altar del beneficio privado, dejando a las trabajadoras más vulnerables en una situación de desprotección total ante la inflación y la precariedad habitacional.
