La Asamblea de Madrid rechazó este jueves la ley contra el fraude y la corrupción de Más Madrid en la que se proponía un estatuto de protección de los denunciantes, estableciendo un régimen jurídico que ampare a quienes, trabajando en la administración pública, denuncien situaciones ilegales o alerten de la corrupción institucional.
El PP se opuso, Vox se abstuvo y PSOE, Más Madrid y Unidos Podemos votaron a favor. Proponen como cuestiones más relevantes, el asesoramiento jurídico gratuito, la asistencia psicológica gratuita, la imposibilidad de cambiar de trabajo o la protección del denunciante frente a las presiones de sus superiores, mediante el establecimiento del secreto durante todos los procedimientos por parte de una entidad independiente, de nueva creación, como ocurre en la Comunidad Valenciana con la Agencia Antifraude, señala el partido en un comunicado.
Esta entidad independiente tendría la función de garantizar el cumplimiento del estatuto de los denunciantes. Además, el partido propuso que su designación se realizara mediante una votación en la Asamblea Regional a partir de una terna presentada por asociaciones civiles vinculadas a la lucha contra el fraude y por la transparencia.
El objetivo de esta ley era respetar y ampliar las garantías derivadas de la aprobación de la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de las personas que denuncian violaciones del derecho de la Unión Europea.
El diputado de Más Madrid, Alberto Oliver, indicó que esta ley pretende acabar con la «persecución de los que denuncian la corrupción y aislarlos». «Cuando se denuncia la corrupción, aunque se gane, ya se ha perdido, porque mucha gente se da de baja a los pocos meses, cogiendo el primer trabajo que puede, pensando que va a ganar el caso. Cuando ganan, empieza la pesadilla porque empiezan a recibir denuncias, muchas a petición de las instituciones», dijo.
Por su parte, la diputada de Vox Ana Cuartero ha explicado que su partido no se opone a la creación de agencias regionales anticorrupción, siempre que se apruebe una ley nacional sobre las competencias que deben delegarse. Cree que es «esencial» que los denunciantes se sientan apoyados y tengan «todos los derechos». Por ello, dejó en manos del Partido Popular el avanzar y ver «hasta dónde llega su compromiso contra la corrupción».
Tito Morano, miembro del partido Unidos Podemos, ha recordado que el Gobierno de Cristina Cifuentes también había incluido ya medidas anticorrupción en este ámbito, como la duplicidad de cargos, que han desaparecido en el programa electoral de este nuevo Gobierno. Morano instó al PP a apoyar esta ley porque luego podrían modificarla con enmiendas, pero al final se posicionaron en contra.
Asimismo, el diputado del PSOE Diego Cruz pidió la creación de un «sistema sólido de ética pública» e indicó que sería una «irresponsabilidad» no aprobar esta legislación y «un fraude democrático». Según él, hay que aprobarlo y luego debatirlo para buscar «la integridad y la ética pública», en lugar de posicionarse en contra como está haciendo el PP, lo que no le ha sorprendido, ni la «abstención cobarde de Vox».
Por último, el diputado del PP Ignacio Catalá se mostró avergonzado por esta normativa «incoherente» que podría ser «inconstitucional» con varios artículos «ilegales». «No tiene ningún sentido. Intentan manchar el buen nombre del PP», ha reprochado Más Madrid, al tiempo que ha sugerido que incorporen a su partido a juristas y funcionarios para evitar que presenten «estas vergüenzas y sucesos».
