Además, el PP manifiesta su «plena disconformidad» con el escrito por el que la asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), personado como acusación popular en la primera época de la trama reclamaba -y finalmente obtuvo- la citación como testigo de Rajoy en el juicio. También se opone a la posibilidad de que el tribunal y las partes se trasladen al despacho oficial del presidente del Gobierno para realizar el interrogatorio, tal y como propuso la acción popular.
La formación política comparte los argumentos de Hurtado e incide en que la declaración por videoconferencia esta prevista en el artículo 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, de manera específica para el proceso penal, en el artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que dice concretamente que «el tribunal de oficio o a instancia de parte (…) podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido».
Potencial solicitud de Rajoy
«Obvia la acusación popular que completa su resolución el tribunal añadiendo a continuación que dicha comparecencia se efectuará con la aplicación en su caso de las previsiones necesarias en cuanto a su citación para evitar el adecuado ejercicio de su cargo», tal y como prevé el artículo 703 de la LeCrim.
A continuación detalla las razones por las que creen que se dan los requisitos para la videoconferencia: es el medio menos perturbador para el desempeño de las funciones del cargo del presidente del Gobierno, concurren motivos de seguridad y orden público, el recurso de este medio tecnológico no conculcan el derecho a la defensa de las partes y es una práctica extendida en el ámbito judicial penal.
