La actualidad política de este viernes está marcada por el estallido de un escándalo que retrata la gestión de la vivienda bajo el mando de la derecha. Se han revelado adjudicaciones irregulares de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la ciudad de Alicante, donde personas vinculadas directamente al Partido Popular (PP) habrían accedido a inmuebles protegidos en zonas de alta demanda, como la Playa de San Juan. Entre los señalados por estas prácticas de favoritismo se encuentra el entorno familiar del propio alcalde, Luis Barcala, evidenciando que la formación conservadora utiliza el patrimonio público como un botín para sus círculos de influencia.
Esta labor de la organización Partido Popular en Alicante supone un desprecio absoluto hacia las miles de familias y trabajadoras que aguardan en las listas de espera oficiales. Mientras las autoridades del PP se oponen sistemáticamente a la aplicación de la Ley de Vivienda y a la regulación de los precios del alquiler, no dudan en utilizar las instituciones para asegurar patrimonio a sus afines. La gestión de Barcala se define por un cinismo programático: defiende la «libertad de mercado» para que las grandes organizaciones inmobiliarias especulen con el derecho al techo, mientras reserva las protecciones del Estado para quienes ostentan el carné del partido.
Frente a este modelo de saqueo, las fuerzas de izquierda han exigido una auditoría externa inmediata de todas las adjudicaciones realizadas por el ayuntamiento alicantino. La propuesta del bloque progresista es clara: desvincular la vivienda pública del mando de políticos que operan como gestores de privilegios. Las militantes de los colectivos por el derecho a la vivienda han anunciado movilizaciones para exigir que esas casas vuelvan a las familias trabajadoras y que se ponga fin a la impunidad de una organización, el Partido Popular, que ha convertido la necesidad básica de un hogar en una herramienta de clientelismo político.
