El Tribunal Supremo de Bangladesh anuló este domingo la orden judicial que permitía amplias cuotas de empleo público de los hijos de los veteranos de guerra en el país, un privilegio que desató multitudinarias protestas estudiantiles y una ola de violencia con más de un centenar de muertos.
En una audiencia especial celebrada de manera prematura, debido a la violencia de las calles, el Tribunal Supremo decidió anular la decisión del Tribunal Superior de Daca emitida el mes pasado, que permitía al Gobierno otorgar un tercio de los puestos de trabajo a los descendientes de los combatientes de la guerra de liberación bangladesí (1971).
Con ello el máximo tribunal del país ordenó una reestructuración total de las cuotas de empleo en el servicio publico que bajaron del 30% al 5% para los hijos de los combatientes, y un 2% para las minorías éticas y personas con discapacidad, dijo a periodistas el abogado Shah Monjurul Haque, representante de los estudiantes.
«La sala de apelaciones dio una solución final a la cuestión judicial. La solución es que, considerando la situación actual, la cuota general será del 7%: 5% para los descendientes de los luchadores por la libertad, el 1% para las minorías étnicas y el 1% para los discapacitados y personas transgénero», indicó desde las puertas del tribunal.
Este era el principal reclamo de los estudiantes que tomaron las calles hace dos semanas con un movimiento de calle que se tornó violento hace una semana con la represión de las fuerzas de seguridad y ha dejado alrededor de 120 muertos.
En este sentido, «el tribunal instó a los estudiantes a regresar a clases y pidió a los tutores que les dijeran a sus hijos que regresaran a clases», añadió.
PROSIGUE EL TOQUE DE QUEDA Y EL APAGÓN DE TELECOMUNICACIONES
El país ha recibido esta noticia en un día de «vacaciones» declaradas por el Gobierno para enmascarar el toque de queda todavía en vigor y que se prologará a lo largo de este domingo y, quizás, hasta el lunes, también declarado festivo por la administración.
El portal NetBlocks, especializado en el seguimiento del acceso a Internet en zonas de conflicto, informó el sábado por la noche de que las restricciones digitales ordenadas por las autoridades seguían en vigor, «un apagón que sigue obstaculizando a los observadores de los Derechos Humanos y a los medios independientes en un momento crítico»
