En una jornada marcada por la tensión en las mesas de negociación, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios han sellado un pacto para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros mensuales. Esta medida, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero, supone un soplo de aire fresco para los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, a pesar de que la patronal se ha desmarcado del acuerdo a última hora.
Desde nuestras páginas, entendemos que esta subida no es solo una cifra macroeconómica, sino un reconocimiento a la dignidad humana. Los sentimientos de alivio entre las familias que luchan contra la inflación persistente son el verdadero indicador de éxito. Frente a los discursos que intentan culpar a la migración de la precariedad laboral, la evidencia demuestra que el fortalecimiento del suelo salarial beneficia a todo el conjunto de la sociedad, desactivando el argumento xenófobo que vincula bajos salarios con la llegada de trabajadores extranjeros. La realidad es clara: la precariedad es una decisión política, no una consecuencia demográfica.
