Tener trabajo tras la crisis no asegura una vida digna. Un 52% de las familias en las que hay un empleo no disfrutan de una situación de plena integración social, según destaca el informe de 2018 ‘Economía y Personas. Con valores, hay derechos’ de Cáritas. La organización ha lamentado esta cifra que, a su juicio, demuestra que el empleo en España «no protege de manera suficiente».
«Hay que llamar la atención sobre este dato. El empleo no es un escudo de inmunización contra la exclusión», ha explicado en rueda de prensa el director del área de Acción Social de Cáritas, Francisco Lorenzo.
El informe ha estudiado la situación de los trabajadores más vulnerables en el país que, a pesar de contar con un sueldo, siguen teniendo problemas. Los que suponen un mayor riesgo para lograr la integración plena, las características del propio empleo (precario, bajos ingresos o jornadas parciales impuestas), así como la vivienda o el acceso a ella.
Así, señala que, al igual que durante las crisis se mide la situación del país a través del desempleo, a su término hay que evaluar la calidad del empleo para saber en qué lugar se encuentra. En este sentido, el 12,3% de la población que está empleada «se encuentra en situación de exclusión social», mientras que un 2,1% de este mismo colectivo sufre «pobreza severa».
Precarización del empleo
La jornada parcial indeseada o la temporalidad son dos de los «grandes motores que arrastran a la población activa a este tipo de situaciones», ha revelado Lorenzo, para señalar que el 32,8% de estos trabajadores está en situación de exclusión y el 7,7% en situación de pobreza severa.
Para la organización, la mejora del empleo debe pasar por una mayor inversión de la Administración en sus ciudadanos. Por ello, reclama ayuda a la Administración para generar empleos de calidad, que protejan a los ciudadanos y que les asegure «condiciones de vida dignas».
Pero también hace un llamamiento a la empresa privada, para que «genere un empleo digno».
