Estas fuentes han añadido que la cláusula obligaba a las eléctricas a firmar un convenio de «corresponsabilidad» en pobreza energética que permitiría sancionarlas en caso de incumplir la ley catalana sobre la materia.
Este nuevo contrato, para el alumbrado de las calles y para el suministro eléctrico de los edificios municipales, debe entrar en vigor el 25 de marzo, tiene una duración de un año, prorrogable a otro, y es el último que se adjudica a una comercializadora privada, ya que el Ayuntamiento aspira a crear una comercializadora de energía pública
Tal como ha avanzado esta tarde El Periódico, ambas compañías han presentado un recurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, dependiente de la Generalitat, para que verifique la adecuación a la ley de las plicas del concurso.
Según fuentes de ambas compañías, el Ayuntamiento de Barcelona establecía la obligación de que las compañías ganadoras del contrato debían firmar, en un plazo de seis meses, un convenio de pobreza energética con el Ayuntamiento.
(Agencias/Postdigital)
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