El Gobierno ha aprobado este viernes la restitución de la sanidad universal en nuestro país, eliminada en 2012 por el anterior gobierno de Mariano Rajoy en plena oleada de recortes.
Sin embargo, para evitar casos de «abuso» y el polémico turismo sanitario, esta asistencia se financiará en los casos en los que no existe un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho de cobertura al país de origen, y se repercutirá el gasto a otro país o aseguradora cuando sea posible.
«La universalidad no supone un mayor coste. La atención normalizada en atención primaria permite el control de las enfermedades y evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o sean hospitalizados, lo que se traduce en mayor gasto sanitario», ha explicado Montón.
Por otro lado, con este cambio de normativa, el Gobierno atiende las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, y da respuesta a una problemática de desigualdad que muchas comunidades autónomas han tratado de solventar por su cuenta, aprobando normativas regionales que se encontraron con bloqueos por parte del anterior Gobierno central del PP.
Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde, con el cambio de gobierno autonómico en 2015, la Generalitat decidió revertir la situación de riesgo para la salud pública de la reforma del PP mediante un decreto-ley que devolvía la universalidad de la atención sanitaria en la comunidad, pero que el Gobierno de Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional, logrando que este declarara la inconstitucionalidad de la medida valenciana e impidiera su aplicación.
