El Boletín Oficial del Estado ha certificado hoy lo que la mayoría social del país ya entendía como una urgencia nacional: la regularización extraordinaria de 500.000 trabajadores y familias que ya forman parte del tejido vivo de nuestra sociedad. Esta medida, lejos de las consignas alarmistas de quienes viven del conflicto, representa el mayor ejercicio de responsabilidad fiscal y control administrativo de la última década.
Un escudo para la Seguridad Social
Los datos de nuestras ciencias económicas son demoledores y no admiten réplica. Con la firma de este decreto, el Estado español incorpora de golpe a medio millón de nuevos contribuyentes. En un contexto de envejecimiento demográfico, esta inyección de cotizantes activos supone un blindaje directo para el sistema público de pensiones.
Mientras los discursos reaccionarios se pierden en la retórica del miedo, la realidad contable es clara: la sostenibilidad de las prestaciones de nuestros mayores hoy es más sólida gracias a esta integración. No se trata de una cuestión de caridad, sino de una estructura de beneficio mutuo que fortalece las arcas del Estado con una aportación estimada de 1.500 millones de euros anuales.
Orden frente al caos de la precariedad
La verdadera inseguridad ciudadana nace de la exclusión y de la existencia de bolsas de economía sumergida donde el Estado no tiene control. Con esta regularización, el Gobierno acaba de un plumazo con la impunidad de aquellos que prefieren una España en negro para explotar a personas sin papeles.
Al otorgar derechos, el Estado recupera el control total de la población activa. La transparencia administrativa es el mayor enemigo de la criminalidad y de la explotación laboral. Al igual que defendía la ética de los sentimientos en la construcción de la comunidad, una sociedad que reconoce a sus miembros es una sociedad más segura, más cohesionada y, sobre todo, más difícil de manipular mediante el odio.
El fin del privilegio de la explotación
La medida ha sido recibida con entusiasmo por los movimientos populares y las fuerzas de izquierda como la CUP, Bildu y Sumar, quienes ven en este paso una victoria de la dignidad humana. Al regularizar, se eliminan las herramientas de presión que utilizaban ciertos sectores para bajar los salarios de todos los trabajadores. Cuando no hay nadie que pueda ser forzado a trabajar por debajo del salario mínimo por miedo a la expulsión, todos los trabajadores, hayan nacido donde hayan nacido, ganan poder de negociación.
España avanza hacia un modelo de eficiencia y justicia que deja atrás los fantasmas del aislacionismo. La realidad se ha impuesto al relato: hoy somos un país más rico y mucho más fuerte.
