De esta ley podrían beneficiarse los hasta ahora casi 100 cargos del PP valenciano imputados por corrupción, en el caso de que no fueran condenados, de manera que los gastos derivados de la defensa en sus procesos judiciales serían cubiertos con dinero público.
El cambio normativo en la ley que regula la Asistencia Jurídica de la Generalitat se hizo por parte del Ejecutivo del Partido Popular de forma discreta y sin publicidad de ningún tipo por parte del Consell, incluyéndolo en diciembre de 2012 en uno de los últimos artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos, llamada Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
Con la modificación incluida, los imputados por corrupción de la Generalitat valenciana que tras el proceso judicial resulten no culpables en un juicio o exonerados de sus indemnizaciones serán generosamente indemnizados por el Gobierno autonómico.
