Francotiradores en las cubiertas, registros policiales aleatorios, llamadas telefónicas a viviendas particulares para identificar a sus residentes y preguntar por sus horarios vitales sin siquiera informar de que es la Policía quien realiza la llamada y, ahora, una supuesta orden de prohibición de símbolos republicanos en el perímetro del recorrido de la ceremonia de entronización de Felipe VI.
Un estado de excepción para una situación que Mariano Rajoy asegura es de “total transparencia y normalidad”. Que cada cual piense por sí mismo qué le sugiere el término “normalidad” en estas circunstancias.
Rajoy ha calificado además, durante un desayuno informativo en la presentación del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, de “magnífica imagen” la que España “está dando al mundo”.
Entendemos que se refiere a la imagen que el Gobierno del Partido Popular está configurando para el mundo, porque la imagen que da para millones de españoles es bien distinta: un despliegue policial inusitado para reprimir cualquier tipo de manifestación en contra de este proceso sucesorio de la Corona al margen de la posibilidad de elección de los ciudadanos.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha prohibido hoy cuatro manifestaciones comunicadas para el día de la proclamación de Felipe VI: una protesta contra los recortes, otra contra la impunidad de los crímenes del franquismo y dos pro-republicanas.
Mientras tanto, Ana Botella anima a los madrileños a acudir con banderas de España a saludar al nuevo rey mañana jueves y celebrar con él su ascenso al trono. Un llamamiento que la Coordinadora Republicana, convocante de dos de las manifestaciones prohibidas, tilda de “escarnio” por tratarse de una convocatoria a lo Botella que “no ha sido objeto de restricción alguna”.
La Coordinadora Republicana ha decidido renunciar a una de sus dos convocatorias por coincidir en tiempo y espacio con el recorrido de la comitiva real, pero se niega a cancelar la otra, prevista en la Puerta del Sol, fuera de ese recorrido y de posibilidad de conflicto por tanto, a las 12.00 horas, por lo que han recurrido la decisión de Cifuentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se mantienen a la espera de su resolución.
Es muy poco probable que el TSJM falle a favor de los manifestantes, sin embargo, la organización ha expresado hoy en rueda de prensa su esperanza de que “los jueces hagan un ejercicio de cordura y de honestidad y permitan esta manifestación”, que “no pretende en ningún caso interferir en los actos oficiales” y cuya pretensión es tan solo “ejercer el derecho irrenunciable de los ciudadanos a manifestar sus opiniones en la calle”.
En la calle o en sus casas. ¿Impedirán también, si es que se da el caso, que un vecino de la zona exhiba una bandera republicana o un cartel desfavorable a este evento en su ventana? Está por ver, pero lo que sí está visto, según informaba ayer Europa Press, es que agentes de Policía han acudido o llamado por teléfono a cada vivienda y lugar de trabajo para solicitar información sobres sus ocupantes: cuántas personas viven en la casa o la frecuentan, documentación de todas ellas y si piensan quedarse o salir de su domicilio este jueves.
Unas preguntas de índole personal relativas a la intimidad de las personas que han sido realizadas por teléfono comunicando después, solo si se les ha requerido, que es la Policía quien llama.
7.000 efectivos entre Policía y Guardia Civil, 2.000 agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial, 120 francotiradores apostados en las alturas. Nos queda esperar que a ninguno de ellos se le vaya la mano en un exceso de celo de sus funciones disparando a las ventanas de españoles supuestamente antimonárquicos, que para encender un cigarrillo osen utilizar un arma incendiaria tan peligrosa como un mechero de cocina.
