El exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha sido imputado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la compra irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 y tendrá que declarar el próximo 7 de junio.
Se trata de la compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público tan solo un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones. Los investigadores concluyen de estas cifras que se produjo una plusvalía de 41,8 millones de euros, al menos 25 de los cuales podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación.
Claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales «claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos de la CAM», y señala el “supuesto desvío de fondos públicos” basándose en que se utilizó para la compra una sociedad intermediaria radicada en un paraíso fiscal.
El juez ve evidente así «la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana», ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada y en vez de hacerlo de forma directa se empleó la sociedad panameña Aguas de América SA.
