La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pide investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los delitos de prevaricación y cohecho en adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
En el informe se recoge que a través de la cuenta corriente de Fundescam, «determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales».
El Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO considera que las conductas apreciadas pueden responder a un delito electoral continuado en concurso con los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
Delito electoral continuado
Otro informe de la UCO incluido en el sumario de la Púnica también vincula a Cifuentes, como patrona de la Fundación Fundescam, con pagos irregulares de gastos electorales del PP de Madrid.
