Los imputados por corrupción del Partido Popular vuelven a ocupar cargos en las instituciones públicas después de celebradas las elecciones del 20D.
Es el caso de la exalcaldesa de Jérez de la Frontera María José García Pelayo, imputada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en relación con determinados contratos administrativos realizados para FITUR 2004, quien tendrá que declarar ante el Tribunal Supremo después de haber obtenido escaño en el Congreso de los Diputados en las elecciones celebradas este domingo.
El Tribunal Supremo abrió el pasado mes de septiembre causa en su contra a raíz de los contratos cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros. Tiene pendiente aún citarla a declarar, han informado fuentes jurídicas.
García Pelayo concurría como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.
La Sala de lo Penal del alto tribunal advirtió de «la trascendencia de los indicios» recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.
El TS mantiene así la competencia para investigar a la aforada aunque no lo hará respecto a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela, imputados también en esta pieza.
Prevaricación continuada y falsedad documental
El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuye a la exalcaldesa jerezana la «consciente adopción» de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en FITUR 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.
«Sería la propia imputada –señala el auto en referencia a la exedil–, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna». Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos. Concluye que la valoración jurídica de los «hechos posibles» atribuidos a la aforada son susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público. (Agencias)
