La actual tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, ha sido imputada junto al número dos de Rita Barberá en el anterior consistorio de Valencia, el exvicealcalde Alfonso Grau, y el exgerente del PP provincial, José Moscardó, por la financiación de las campañas del Partido Popular de la capital valenciana en las elecciones de 2007 y 2011, que han sido llamados a declarar por el magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en el marco del denominado ‘caso Imelsa’.
Esta operativa se llevaba a cabo, según se explica en la resolución, «velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral».
Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado «tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas» figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.
En el epígrafe ‘Coste Total Campaña’ aparecen gastos por un total de 2.538.731 euros y, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como ‘Aportaciones’ por un total de 2.683.750 euros. Sin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma de 133.762 euros.
Cómo se canalizaba el dinero
El instructor de esta causa desgrana también los distintos procedimientos empleados para canalizar dichas entregas de dinero. En primer lugar, señala que se producían a través de aportaciones provenientes de fundaciones y organismos vinculados al Ayuntamiento de València y que «no obedecerían a servicios efectivamente prestados a los mismos por Laterne u otras empresas del grupo empresarial de Vicente Sáez».
El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC. «Esta operativa implica directamente a Alfonso Grau», según consta en el auto.
Jesús Gordillo, exasesor de Grau y que trabajó para Laterne, manifestó en su declaración que el exvicealcalde le entregó 350.000 euros en billetes de 500 y le dio instrucciones para recoger en una empresa un cheque de 150.000. Estas cantidades, finalmente, sirvieron presuntamente para llevar a cabo el pago de las cantidades adeudadas a las distintas mercantiles que habrían colaborado en la campaña.
El juez explica también que estos hechos serían constitutivos de un presunto cohecho, cuya responsabilidad penal hoy estaría prescrita, por lo que los empresarios que habrían entregado cantidades a Laterne deberán en su caso declarar en esta causa como testigos. (Agencias)
