Un juez de Irún (Guipúzcoa) ha citado a declarar como imputados a un notario y a nueve religiosos, entre ellos los representantes legales de los Dominicos, los Trinitarios y los Salesianos en España, acusados de estafar a una anciana moribunda, a la que supuestamente engañaron para que les cediera su caserío.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Irún ha citado a declarar a los religiosos, tras admitir a trámite la querella presentada por los familiares de la anciana, fallecida en septiembre de 2011 a los 94 años, al entender que «presenta los caracteres de un delito de estafa».
La querella la han presentado los descendientes de la fallecida, que residen en el caserío de Irún que la mujer cedió a la Iglesia, después de que un apoderado de las congregaciones titulares de la vivienda presentara, en marzo de 2014, una denuncia por usurpación contra ellos con el propósito de desalojarlos de la misma.
La denuncia sostiene que la mujer, que casi no sabía leer ni escribir, cedió a las congregaciones religiosas querelladas la titularidad del caserío en el que residía -valorado en cerca de un millón de euros- a cambio de una pensión mensual que ella creyó erróneamente que sería de 900.000 pesetas (5.409 euros), pero que en realidad era de apenas 900 euros.
Poco después de la firma del contrato -que preveía que la anciana recibiría sustento y asistencia médica y religiosa en su domicilio-, la mujer se arrepintió del trato y envió un burofax a las entidades religiosas en las que afirmaba sentirse «engañada» y expresaba su deseo de recuperar su casa, documento que se incluye en la querella.
Sin embargo, las tres congregaciones religiosas, en otro burofax que también aportan los querellantes, rechazaron la pretensión de la anciana recordándole que había suscrito el contrato de forma «libre» y a cambio de «contrapartidas onerosas».
Según mantienen los querellantes, fue el notario de Hondarribia R.L. -también imputado- quien, consciente del valor de la propiedad de la anciana, de su avanzada edad y su débil estado de salud, así como de sus convicciones católicas, decidió «desposeer a la señora M. de su patrimonio a precio de saldo a través de entidades religiosas».
La querella sostiene que el notario contactó con la Orden de Predicadores (Dominicos), con la Congregación o Instituto de Hermanas Trinitarias y con el Asilo de la Santísima Trinidad para ejecutar un «minucioso plan» con el fin de quedarse con la propiedad de la anciana.
Según la querella, formalizada por un abogado de Barcelona, la mujer empezó a recibir visitas cada vez más frecuentes del padre de la parroquia a la que acudía, conocido como «padre Antonio», quien de esa forma se ganó su confianza y logró que la anciana otorgara un testamento.
En él establecía varios legados y nombraba herederos universales a la orden de los Padres Salesianos Don Bosco, los Padres Dominicos y el colegio Hogar de la Santísima Trinidad de Vigo.
Posteriormente, la anciana firmó un contrato de cesión de «nuda propiedad» de su vivienda -una finca de 7.315 metros cuadrados situada en el barrio Semisarga de Hondarribia- a dichas órdenes religiosas, a cambio de 900 euros de pensión mensuales, cantidad que los querellantes sostienen era «ridícula para su estatus social y para el mantenimiento que exigía el propio patrimonio del que era usufructuaria».
El juez ha citado como imputados en relación con estos hechos, no solo a los religiosos que participaron directamente en los hechos, sino a los representantes legales de las órdenes de los Salesianos, Dominicos y Trinitarios, gracias a la reforma del Código Penal de 2010 que permite imputar a entidades jurídicas. (Agencias)
