El que fuera miembro de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González como consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha sido imputado este lunes por cuatro delitos de corrupción en el marco de la trama Púnica: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha prohibido a Victoria salir del territorio nacional, ha ordenado la retirada de su pasaporte y su comparecencia mensual, señala que el ex número dos del Gobierno de Madrid adjudicó a las empresas del conseguidor de la Púnica, Alejandro De Pedro, contratos de reputación ‘on line’ e influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos así como contratos de publicidad otorgados de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.
También se le relaciona con pagos en negro por valor de 120.000 euros que habrían hecho varios empresarios y sociedades como Indra a los que habría procurado contratación en la Administración regional a cambio de la realización de encuestas y otros trabajos de interés político.
Victoria, que estaba citado este lunes en la Audiencia Nacional, se ha negado a declarar ante el juez y tampoco ha hecho declaraciones a la prensa. Es la segunda vez que es llamado a declarar, después de ser citado el pasado 26 de junio junto a la ex consejera de Educación Lucía Figar, aunque el juez pospuso su declaración tras admitir que le había citado cuando todavía era miembro del Ejecutivo y diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Los dos ex consejeros dimitieron de sus cargos el pasado 4 de junio, dos días después de conocerse su imputación en el procedimiento. El antecesor de Victoria en su cargo, Francisco Granados, ya se encuentra en prisión provisional desde el pasado octubre por su también relación con la Púnica.
El Gobierno regional, sin embargo, negó el pasado enero «categóricamente» que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al «seguimiento de informaciones ‘online’ y servicios de clipping» de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones».
En el ‘caso Púnica’ se investigan las «redes clientelares de tráfico de influencias» constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una «organización criminal». (Postdigital/Agencias)
