El fallecimiento del transportista, de 41 años, se produjo la madrugada del 23 de noviembre de 2012, cuando descendió del vehículo que conducía, al paso de la carretera N-610 por Villalón de Campos (Valladolid), se roció con gasolina y se prendió fuego.
Varios vecinos de la localidad vieron una bola de llamas en la carretera y alertaron de lo sucedido a la Guardia Civil, que inició una investigación sobre lo sucedido, según informó en aquel momento la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.
Por estos hechos, el Ministerio Público imputa al encargado y al administrador de la empresa un delito contra los derechos de los trabajadores por el que, además de la pena de cárcel, demanda una multa 3.600 euros.
Los hechos están siendo vistos en el Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián porque que el fallecido residía en Lasarte-Oria, se produjeron entre 2012 y 2013, años en los que el camionero firmó tres contratos distintos como conductor «con una jornada laboral de 40 horas semanales, de lunes a domingo», según la Fiscalía.
La fiscal considera que esta situación llevó a la víctima a acudir a un centro de salud mental, «debido a que su situación iba empeorando» y le estaba provocando «agotamiento físico, insomnio precoz y la pérdida de quince kilos de peso», «aquejado de sus largas horas jornadas de trabajo».
En este centro le fueron recetados dos medicamentos, y una facultativa le recomendó que se cogiera la baja, si bien el trabajador se negó «por la necesidad de trabajar que tenía».
En este contexto, el damnificado solicitó a los dos empresarios acusados que su jornada laboral se adecuara realmente a «lo dispuesto en su contrato», si bien los procesados le advirtieron de que «si no cumplía con su ruta sería objeto de despido».
«Con todo ello -señala la Fiscalía-, se agravó su situación, hasta que el 23 de noviembre de 2012, decidió rociarse con gasolina y prenderse fuego, acabando así con su vida, cuando estaba prestando sus servicios por Villalón de Campos (Valladolid)».
(Agencias)
