El juez Manuel García Castellón imputó ayer al número dos de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y al que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, en el marco de la investigación de una presunta trama de extorsión al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su abogado, Javier Gómez de Liaño. Ambos se citarán como investigados en base a los elementos de cargo «derivados de las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez».
En un auto emitido el pasado jueves, el magistrado indica que unos audios enmarcados en la pieza 36 del caso Tándem «pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido como Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario».
Concretamente, las presiones se basarían en revelar un supuesto cobro en negro de Liaño por su defensa del mafioso ruso Zakhar Kalashov. «De estas actuaciones sobre Javier Gómez de Liaño se habría dado cuenta a Francisco Martínez, a la sazón Secretario de Estado de Interior, y a Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, según revelan las anotaciones plasmadas por el investigado José Manuel Villarejo», señala el auto de García Castellón.
Las agendas de Villarejo
Tras ser detenido el excomisario, se encontraron durante un registro varias agendas vinculadas a su persona. En ellas, se detallaban hasta ocho encuentros con Chisco, el apodo que otorgó a Francisco Martínez, y que revelarían que el exsecretario de Estado de Seguridad estaría al tanto de las presiones a Liaño. Villarejo además detalla que, en lo que llamó Operación Kalashov, el abogado de Bárcenas habría percibido cinco millones de euros en negro del mafioso ruso que habría mantenido en una cuenta Suiza. Dichas citas se dieron en el 2014 pero, tal y como detalla eldiario.es, existen otras dos citas previas en el 2013 en las que el excomisario habría tratado los pagos a Liaño con Eugenio Pino, por lo que se le imputó también.
El magistrado, en el mismo auto, rechaza la solicitud de Liaño para que declaren como investigados el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y el abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset, «puesto que ninguna declaración ni documento obrante en la causa ha puesto de manifiesto la conexión de ambos con la investigación».
