Los indultos concedidos por el Gobierno a condenados por la Justicia en nuestro país siguen despertando la polémica, más aún cuando entre los indultados se encuentran funcionarios y cargos públicos condenados por corrupción, como ha vuelto a ocurrir en 2017, cuando el Gobierno concedió un total de 26 indultos, de los cuales 6, casi la cuarta parte, fueron a parar a condenados por un delito de prevaricación, según datos de la Fundación Civio.
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Aunque el ministro de Justicia, Rafaél Catalá, no deja de insistir en que el Gobierno no indulta a condenados por corrupción, la realidad es que la prevaricación es uno de los delitos considerados como corrupción por el Consejo General del Poder Judicial, según denuncia La Fundación Civio.
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