La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que proponga sentar en el banquillo de los acusados al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, al considerar que el comentario que hizo en la red social Twitter en el que reproducía un chiste sobre Irene Villa puede ser susceptible de «entrañar descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».
En un auto que cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, los jueces Concepción Espejel y Enrique López estiman un recurso presentado por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y ordenan al juez instructor, Santiago Pedraz, que practique una serie de diligencias antes de mandar a juicio al edil.
Zapata escribió el 31 de enero de 2011 un tuit desde su cuenta @casiopeaexpress en el que decía ‘Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos’. Irene Villa ya quitó importancia al asunto.
«Pedraz excedió sus funciones»
Los jueces de la mayoría, apartados del juicio del ‘caso Gürtel’ por su proximidad al PP, entienden que Pedraz excedió sus funciones como instructor al dictar un sobreseimiento libre o definitivo de la causa (equivalente a una sentencia absolutoria) tras valorar la intención con la que actuó Zapata, que, en su opinión, debería ser analizada por el tribunal tras la práctica de la prueba en el juicio oral.
«Es preciso deslindar las funciones del instructor y las del tribunal al que corresponde el enjuiciamiento y la decisión, de forma que el primero, siempre que exista una acusación, no puede rebasar las funciones propias de la instrucción y adentrarse en cuestiones que afectan a la culpabilidad, como es el dolo, o a otros elementos del tipo, salvo casos de diafanidad y claridad manifiesta», escribe el ponente del auto, Enrique López.
Tras recordar que las únicas causas para dictar el sobreseimiento libre son la «inexistencia del hecho punible» de forma «indiscutible, inequívoca e indudable» o la inexistencia de delito, el magistrado señala que los «juicios de inferencia» realizados por Pedraz exigen «la celebración de verdaderos actos de prueba bajo el imperio de los principios que rigen el juicio oral», pues lo contrario podría suponer «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva».
En relación con las diligencias solicitadas por Dignidad y Justicia, el tribunal señala que el juez instructor debe remitir sendos oficios a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que determinen si Zapata, tal y como él mismo reconoció, fue el autor de los comentarios en Twitter. López, ponente de la resolución, argumenta que, de cara a la celebración del juicio oral, es necesario que la autoría esté «documentada» al margen de la posible «mutabilidad» del testimonio del imputado.
«Justicia sectaria»
En su voto particular, muy crítico con sus compañeros de tribunal, De Prada manifiesta su «profunda discrepancia» con Espejel y López, al considerar que la apertura de causas penales por comentarios que pueden enmarcarse en el «humor negro» suponen «un factor de censura y traba evidente» al derecho a la libertad de expresión.
En este sentido, el magistrado discrepante señala que el tribunal se debe a «toda la sociedad» y que sus integrantes «no pueden hacer prevalecer sus criterios personales o sesgos políticos o ideológicos (…), so pena de convertirse en una justicia sectaria que se impone a un sector de la ciudadanía que tiene simplemente otros valores sociales y formas de expresarlos que se salen de la ortodoxia».
