Punto y final. Todas las asociaciones de jueces y fiscales no quieren volver a hablar con el ministro de Justicia. Para ellos, Gallardón ha muerto y no quieren saber nada más de él. Han pedido su inmediata dimisión y que su interlocutor sea, a partir de ahora, el presidente del Gobierno. “Las asociaciones le damos por muerto. No nos sirve para hablar. Es potestad del presidente del Gobierno mantenerle o cesarle”, ha afirmado con contundencia el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis Armengol.
La convocatoria de huelga pende únicamente de un sólo hilo. Que no se apruebe la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previsto para el 18 de diciembre ni se presente el proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que afecte a la independencia judicial. En una reunión de todas las asociaciones, algunas de ellas ya apostaban por convocar la huelga sin esperar. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora, es la más reticente a ir a la huelga, pero está dispuesta a ir con los demás. La Comisión es consciente que deben ir todos juntos porque “la unidad de acción es esencial”, ha señalado el portavoz de Foro Independiente Judicial, Ángel Dolado.
Aún así, dejan una puerta abierta al diálogo, siempre y cuando Rajoy acepte recibirles y abrir una mesa de diálogo. Pero que sea el presidente de Gobierno, no Ruiz Gallardón. No quieren volver a hablar con él. Si llama le dirán que están esperando para hablar con el presidente del Ejecutivo. “Nuestro interlocutor es el presidente del Gobierno, llame quien llame”, ha recalcado Armengol.
De todas maneras, recuerdan que han adoptado esta decisión ante la desidia y pasividad del ministro, que se ha negado a abrir una mesa de negociación, y que desde que se ha presentado este polémico proyecto de ley únicamente se ha reunido con ellos en una ocasión, el pasado 2 de octubre. “No ha tenido reflejos suficientes, no ha sabido dialogar”, ha puntualizado Bosch, quien ha añadido que se le acabó el tiempo.
La carrera judicial y fiscal se han decidido por intentar paliar las injusticias sociales. Ellos mismos reconocen que se están involucrando en temas sociales porque “creemos que debemos hacerlo”. De ahí que se opongan a las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno porque “van a descongelar la Justicia a costa de impedir a los ciudadanos el acceso a ella”, ha subrayado el portavoz de la Comisión. Consideran que las tasas van a limitar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia y “los jueces y fiscales no aceptamos la reducción de la carga de trabajo a costa de perjudicar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
