Según han explicado a Efe fuentes de esta acusación, los abogados de IU creen que ese acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional debe ser revocado por vulnerar el derecho al juez natural predeterminado por la ley, por lo que cuando les sea notificado decidirán definitivamente sobre la impugnación.
Además, barajan también la posibilidad de plantear un incidente de recusación para que sea apartado del tribunal Juan Pablo González, uno de los dos nuevos magistrados que lo integran, en virtud del acuerdo de la Audiencia Nacional, y que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.
Este acuerdo ha provocado la ruptura del tribunal que tenía previsto juzgar esta causa, el mismo que ha enjuiciado la primera época del caso Gürtel, compuesto por Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Los votos de estos dos últimos hicieron que Rajoy, declarara como testigo en el juicio. Era la primera vez que se llamaba ante un tribunal un presidente en activo un hecho.
Ahora, Hurtado y De Diego han quedado fuera del tribunal, en tanto que De Prada, de talante progresista, seguirá formando parte del mismo junto a los conservadores Juan Pablo González y María José Rodríguez Duplá.
Los cinco magistrados que forman parte de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, entre los que se encuentra el presidente de este tribunal, José Ramón Navarro, aprobaron el pasado 20 de noviembre por unanimidad las nuevas normas de reparto presentadas por la nueva presidenta de la sección segunda de la Sala de lo Penal, María José Rodríguez Duplá.
Duplá ha accedido recientemente a la presidencia de la sección en sustitución de Concepción Espejel, que ascendió a la presidencia de la Sala de lo Penal tras ser recusada del tribunal de Gürtel, y ante este nuevo nombramiento la ley le permite presidir los tribunales y, con ello, cambiar las normas de reparto.
Por ello, Duplá presentó el 16 de octubre esas nuevas normas que le permitirán formar parte del tribunal que juzgará este caso de corrupción. Unas normas que ahora han sido aprobadas por la Audiencia Nacional.
Tanto De Diego como De Prada presentaron sendos escritos ante la Sala de Gobierno en los que solicitaban el desestimiento de las nuevas normas y reclamaban otros criterios de composición «que garanticen la permanencia de los tribunales en procedimientos especialmente sensibles como el señalado».
Sin embargo, la Sala de Gobierno ha desechado las quejas al entender que «no cabe establecer dos modelos de composición de tribunales», dependiendo de si son causas de especial sensibilidad o no, porque la ley no lo contempla y porque «no hay modo de establecer criterios objetivos que permitan distinguir entre causas sensibles y ordinarias».
El juicio por la caja B del PP en relación con el pago en negro de las obras de su sede nacional, en el que el partido figura como responsable civil directo y donde están acusados los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez, está pendiente de fecha para su celebración
