Entre 10 y 20 millones de euros es la cifra que el juez Víctor Gómez, instructor del ‘Caso Taula’, estima que el Partido Popular de Valencia se llevó en mordidas para enriquecer al equipo de Rita Barberá, imputado casi en su totalidad con la destacable excepción de la propia excaldesa.
Así consta en el auto judicial en el que el magistrado expresa que “es difícil evaluar en este momento el perjuicio económico derivado de las ganancias que se hayan podido generar con la actividad ilícita de los investigados, pero este instructor, atendiendo al número y entidad de los hecho que cabe reputar en este momento como objeto de la causa, estima ese valor entre 10 y 20 millones de euros”, según publica el diario El Mundo este jueves.
El auto se basa en un informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se incluye en el ‘Caso Taula’, en el que se listan la multitud de propiedades y objetos de lujo que los investigados por sobornos acumularon durante los doce años en los que la trama estuvo funcionando (2003-2015), y que el juzgado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado decomisar.
La cifra dada por el juez, sin embargo, no incluye las cantidades destinadas a llenar la ‘caja B’ del partido en Valencia, por lo que el número podría ser muchísimo mayor. Según la UCO, con la investigación queda acreditada la “intención manifiesta” de los imputados de “adjudicar los contratos a empresas concretas en perjuicio de terceras licitadoras, intención que se traduce en realidad y como se desprende del análisis de la documentación intervenida”.
El juez también considera para respaldar la conclusiones de la UCO las conversaciones grabadas por Marcos Benavent, el “yonki del dinero”, entre los años 2005 y 2006, y afirma que, junto al contenido de la documentación intervenida y su análisis, “revelan indicios de que desde los cargos de responsabilidad que ostentaban Marcos Benavent, Vicente Burgos, y la que entonces era sus esposa, María José Alarcón y el entonces asesor Pedro Aracil, se habrían enriquecido personalmente, cobrando comisiones ilegales de distintas empresas en las que por la Concejalía de Cultura se adjudicó contratos”.
Entre las propiedades para las que se ha abierto proceso de decomiso para cubrir la responsabilidad civil de los delitos, se encuentran cuatro locales comerciales y siete vehículos de alta gama, y se rastrean hasta 23 cuentas corrientes tanto de personas físicas como de empresas para buscar el dinero malversado.
