Este mes de febrero de 2026 pasará a la historia de los movimientos sociales como el de la victoria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Regularización. Tras años de lucha del movimiento «Regularización Ya» y el respaldo masivo de la Plataforma del Tercer Sector, el Gobierno ha iniciado los trámites para un proceso extraordinario que beneficiará a cientos de miles de personas.
La medida, que recupera el mandato de las 700.000 firmas ciudadanas, permitirá a las personas que residían en España antes del 31 de diciembre de 2025 obtener una autorización de residencia y trabajo. Para las ONG, esta no es solo una cuestión administrativa, sino un acto de dignidad y justicia social. La situación de irregularidad administrativa condenaba a estas personas a la economía sumergida, la explotación laboral y la invisibilidad institucional.
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, ha subrayado que este paso fortalece la cohesión social: «Un país que quiere crecer no puede dejar a una parte de su población en la sombra jurídica». El proceso, que se abrirá formalmente en abril, es visto como un modelo de cómo la sociedad civil organizada puede forzar cambios legislativos de gran calado. Las organizaciones ya se están preparando para asesorar a los solicitantes, con el objetivo de eliminar las barreras burocráticas que a menudo empañan estos procesos. Es, en definitiva, una apuesta por el crecimiento de la comunidad en su conjunto, reconociendo derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad cotidiana, pero vivían privados de ellos.
