La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por vía penal la causa de la polémica venta de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento en 2013, cuando Ana Botella era la alcaldesa de la ciudad.
Según recoge el fallo, lo hizo «sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores».
Para los magistrados, de este informe «no puede predicarse la tacha de sospecha de partidismo» y, «aunque no se trate de un informe que fije de manera definitiva y vinculante nuevos hechos», sí aporta «datos inexistentes» hasta ahora. Con estos nuevos datos, los magistrados aseguran que «aunque fue oportuno el sobreseimiento provisional entonces», ahora resulta «imposible de mantener», por lo que han procedido a reabrir la causa.
Esgrimen como razones que el informe de la Cámara de Cuentas otorga indicios de la presencia de delitos de prevaricación (sustitución de la ley por la voluntad del funcionario), malversación (apropiación o destino a terceros que se apropian de caudales públicos) y fraude (concierto entre entidades y funcionarios por un lado y terceros por otro, en perjuicio de entes públicos).
El PP se opone a revertir la venta
Por su parte, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, dirigida por el PP con Cristina Cifuentes al frente, consideró en un dictamen aprobado el pasado 20 de julio que revertir la venta de viviendas de protección oficial (VPO) a fondos de inversión, como quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid con la EMVS, deja en una situación de desamparo a los inquilinos.
Este dictamen se produce a raíz de una petición emitida por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que hizo una consulta a este organismo con motivo de una modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid que tienen que realizar.
En este informe de casi 60 páginas, la Comisión Jurídica Asesora no se pronunció específicamente sobre el caso de la venta de viviendas de la EMVS a Fidere y que el Gobierno de Manuela Carmena quiere revertir, pero sí hizo consideraciones generales sobre la situación de venta de promociones a fondos de inversión y si la normativa actual lo permite.
Tras un análisis del propio Reglamento, la comisión concluyó que no se hizo nada fuera de la ilegalidad (la normativa lo permitía) y no alcanzaron a comprender qué razones puede haber para querer revertir esta venta, todo ello sin reconocer que la legislación actual puede generar ciertas dudas.
“Boicot” del PP a la investigación de la venta de vivienda social a ‘fondos buitre’ de Ana Botella
(Postdigital/Agencias)
