La Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita más de 170 años de cárcel para los 21 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, por posible farude en subvenciones a ONG y la construcción de un hospital en Haití que habrían cometido como «grupo criminal».
Para Blasco, que ya cumple condena por la pieza 1 de ese caso, en la que fue condenado por el desvío a la compra de inmuebles en Valencia de sendas ayudas al desarrollo destinadas a Nicaragua, se solicita una condena de 17 años y 6 meses de cárcel y, respecto a la responsabilidad social reclamada a los procesados, se piden ocho millones de euros, de los que tres serían por el «daño moral» a la imagen de la Generalitat y el desprestigio del área de la cooperación.
En mayo, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia acordó el procesamiento de Blasco y veinte personas más por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental, así como unir las dos piezas separadas en una causa preparada para el juicio.
Entre los procesados se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el exjefe del área de Solidaridad Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán y el ex director general José María Felip, así como el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, junto a una funcionaria de la Generalitat.
También figuran trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
