La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha declarado el archivo, por falta de indicios suficientes, de la operación «Pandora» que se desarrolló en 2014 contra decenas de personas a las que se atribuía una supuesta vinculación con una organización criminal de carácter anarquista. Hace un año la misma magistrada ya dictó el sobreseimiento provisional sobre la segunda fase de esta operación policial.
En diciembre de 2014 fueron detenidas en Barcelona un total de 11 personas -siete mujeres y cuatro hombres- de nacionalidades española, uruguaya, italiana y austriaca a quienes se atribuía su pertenencia a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) . El número de detenidos en todo el estado ascendió a 75. Algunos de ellos han llegado a estar más de medio año en prisión sin pruebas.
Casi tres años después del inicio de las investigaciones, que se remontaban a julio del citado año, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 concluye que «pese a los diversos teléfonos intervenidos e informes de todo tipo que han sido recabados» no ha podido alcanzarse ningún indicio concluyente contra ellos.
«El único resultado obtenido por los investigadores es la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista, algunos de ellos con antecedentes penales».
Añade que se trata en todo caso de que se tienen datos sobre reuniones y viajes a centros penitenciarios y que la única diligencia que quedaba pendiente, «que era un descifrado de componentes electrónicos ocupados a los investigados» no ha arrojado luz alguna sobre la investigación.
No se advierte en definitiva, según la juez, ningún avance sustancial que permita continuar con la investigación, ya que pese al tiempo transcurrido «no se han averiguado hechos nuevos que puedan ser estimados como indicios suficientes que sustenten la sospecha policial de que tales personas pudieran estar realizando determinadas actividades en el seno de movimientos anarquistas o grupos terroristas».
