La Audiencia Nacional investigará el supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios que hasta ahora instruía un juzgado valenciano, debido a la «notable extensión geográfica» de los hechos delictivos y a la «grave repercusión en la economía nacional», que cifra en más de 100 millones de euros.
Entre los investigados figuran varios ex altos cargos de la Comunitat Valenciana y Cataluña como el exdelegado del Gobierno en la primera Serafín Castellano, el ex director general valenciano de Interior Pedro Hidalgo, y el exjefe de contratación del Departamento de Interior en Cataluña Xavier Palmés.
También ocho sociedades, entre ellas la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35, todas ellas miembros de la Asociación Española de Compañías Aéreas AECA. El juzgado de instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) era hasta ahora el encargado de dirigir la investigación de una supuesta trama conocida como ‘el cártel del fuego’ que presuntamente amañó contratos públicos en España, Italia y Portugal y que está relacionada con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.
Unas 30 personas están investigadas en esta causa que ahora llevará la Audiencia Nacional después de que la juez Carmen Lamela, en sustitución del Juzgado Central de Instrucción número 6, al que se ha reincorporado este fin de semana Eloy Velasco, haya considerado «claramente justificada» la competencia del tribunal en esta causa.
A eso añade la existencia de una «organizada concertación entre sociedades y personas para alterar las normas de competencia» de los concursos y la extensión de los hechos delictivos a varios países, como Italia, Portugal y Chile.
De momento, el juez Eloy Velasco, que volvió este fin de semana a su plaza en el juzgado tras haberla dejado al ser nombrado magistrado de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, debe hacerse cargo de esta investigación hasta que sea relevado por el titular de la plaza, Manuel García Castellón.
La operación policial estalló en enero del año pasado cuando se descubrió que esta presunta trama de amaños afectaba a seis comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura).
A los investigados se les imputan los delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad en documento público, entre otros.
(Agencias)
