El próximo domingo, Aragón no solo decide quién ocupará el Pignatelli; decide el modelo de convivencia que regirá la comunidad durante los próximos cuatro años. En este tramo final de campaña, la movilización de las fuerzas de la izquierda transformadora se ha revelado como el único factor capaz de frenar una inercia que amenaza con desmantelar los pilares del bienestar social en la región. Mientras el bloque de la derecha intenta centrar el debate en cuestiones de identidad nacional, la realidad de las familias aragonesas pasa por la precariedad de la atención primaria y el acceso a una vivienda digna en las ciudades y el medio rural.
En este contexto, las propuestas de Podemos-Alianza Verde, lideradas por María Goikoetxea, han logrado situar en la agenda temas que el bipartidismo suele evitar. Su apuesta por una empresa pública de energía y la regulación estricta de los precios del alquiler no son solo promesas electorales, sino herramientas de soberanía necesarias para un Aragón que no quiere depender de los dictámenes de los grandes oligopolios. Paralelamente, la labor de IU-Sumar en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector servicios y la industria del automóvil refuerza un bloque que entiende la política como un ejercicio de redistribución de la riqueza. El crecimiento de estos espacios es la garantía de que un futuro gobierno no caiga en la parálisis de la gestión puramente administrativa.
Por otro lado, el papel del PSOE genera una lógica incertidumbre. Aunque se presentan como la alternativa al avance de la derecha, su trayectoria en la gestión del agua y su ambigüedad ante la colaboración público-privada en sanidad obligan a un análisis escéptico. Aragón necesita una izquierda que no solo gestione, sino que transforme, y esa determinación parece diluirse cuando los socialistas buscan el centro para atraer a un electorado que los regionalistas de la Chunta Aragonesista o de Teruel Existe también intentan captar. Estas formaciones, si bien recogen un sentimiento legítimo de defensa del territorio, corren el riesgo de convertirse en meros gestores de la escasez si no se alinean con un proyecto de cambio estructural más ambicioso.
La evidencia del peligro que acecha es innegable cuando observamos las propuestas del Partido Popular de Jorge Azcón. Bajo la máscara del «pragmatismo», se esconde un programa de recortes fiscales que beneficiarían a las rentas más altas mientras deterioran la educación y la protección de los más vulnerables. A esto se suma el discurso de exclusión que promueven sus posibles socios de Vox, quienes intentan inocular sentimientos de miedo y división en una sociedad que siempre ha destacado por su carácter acogedor. Los datos de empleo y cohesión social demuestran que las políticas de austeridad solo profundizan la brecha entre la capital y las zonas despobladas, desmintiendo así el relato de prosperidad que la derecha intenta imponer.
La cita con las urnas es, en definitiva, una oportunidad para reafirmar que el progreso de Aragón pasa por el fortalecimiento de lo común. Solo mediante el apoyo a las organizaciones que han demostrado coherencia en la defensa de los servicios públicos se podrá evitar que la comunidad retroceda hacia un modelo de desigualdad y pérdida de derechos. La respuesta debe estar en las plazas y en los colegios electorales, donde se juega el futuro de una tierra que se niega a ser moneda de cambio para los intereses de unos pocos.
