Según ha difundido la Fiscalía, la investigación se centra, precisamente, en “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. Según explica el ministerio público, el pasado 5 de junio la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos. “Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación”, apunta el ministerio público.
Fuentes fiscales señalan que Delgado tomó la decisión de dejar la investigación en manos de la Fiscalía del Supremo a petición de Anticorrupción, que tenía abierta unas diligencias por laeos posibles sobornos en las obras del AVE a la Meca. En esa investigación, indican estas fuentes, la Fiscalía Anticorrupción ha constatado indicios de delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal y de lo que se trata ahora es de ver si esos indicios se extienden a la etapa posterior a la abdicación de Juan Carlos I.
