Según fuentes del diario El País de este jueves, la Comunidad de Madrid tendrá que pagar una cantidad de casi 30 millones de euros al contratista del Hospital Puerta del Hierro (Majadahonda) por el servicio de 135 camas que nunca existieron.
El origen de este despropósito se remonta a 2005, cuando el gobierno de Esperanza Aguirre, dentro de su política de privatización y externalización de los servicios sanitarios en Madrid, adjudicó la gestión del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda a la UTE compuesta por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease. El contrato preveía la provisión de 135 habitaciones dobles, pero poco antes de la inauguración se decidió que las habitaciones serían individuales.
El problema surgió cuando este cambio no se reflejó en una modificación económica del contrato. Como resultado, la Comunidad de Madrid siguió pagando, durante casi una década, más de un millón de euros al año por unas camas que no existían. «La Administración pagó mayores costes por servicios que nunca se prestaron, lo que supuso el correspondiente quebranto para las arcas públicas de la Comunidad Autónoma, que asciende a más de 10 millones de euros», dice la sentencia.
No fue hasta el siguiente gobierno regional, presidido por Cristina Cifuentes, cuando se abrió un procedimiento sancionador para recuperar los 4 millones de euros invertidos por estos servicios no prestados. Hasta ahora, el concesionario ha ganado esta batalla en los tribunales.
El mismo caso está pendiente de un proceso penal. Y mientras el Juzgado número 53 de Madrid ha rechazado imputar a Esperanza Aguirre y a su entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, así como a la viceconsejera Ana Sánchez, no ha dudado en citar a la directora general, Elena de Mingo, y al entonces director general de Gestión Económica, Jesús Alejandro Vidart, por un posible delito de malversación y apropiación indebida de fondos públicos. Este es otro posible caso de corrupción en el gobierno del Partido Popular, además de otros procesos abiertos como Púnica, Gürtel o Lezo.
