La gestión de la catástrofe climática que en 2024 asoló la Comunidad Valenciana ha dado hoy un salto cualitativo en el plano judicial. La jueza Nuria Ruiz, titular del juzgado de instrucción número 1 de Catarroja, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) solicitando la imputación formal de Carlos Mazón. La magistrada considera que existen indicios sólidos de una «absoluta negligencia» por parte del expresidente de la Generalitat en las horas críticas en las que se decidió el destino de miles de personas afectadas por las inundaciones.
Debido a que Mazón mantiene su condición de aforado como diputado en las Cortes Valencianas, la jueza no puede proceder directamente contra él, por lo que ha solicitado al tribunal superior que asuma la competencia del caso. El auto judicial es especialmente duro con la organización administrativa liderada por el PP valenciano en aquel momento. Ruiz describe una cadena de mando paralizada y una desconexión alarmante entre la realidad técnica reportada por los organismos de emergencia y las decisiones políticas tomadas desde el Palau de la Generalitat.
Uno de los pilares de la petición de imputación es el testimonio de Josep Lanuza, antiguo asesor del expresidente. En sus declaraciones ante la justicia, Lanuza ha desmontado la coartada horaria que los integrantes del entorno de Mazón intentaron sostener inicialmente. El asesor confirmó que el president no estuvo presente en el centro de control de emergencias durante el periodo más crítico de la tarde del 29 de octubre, llegando incluso a contradecir las versiones ofrecidas por los servicios de seguridad y escolta. Según la jueza, este retraso injustificado en la incorporación de la autoridad política impidió el despliegue preventivo de las alertas que habrían salvado vidas entre la población.
La acusación no se limita a la tardanza, sino que apunta a una falta de preparación sistémica dentro de la Generalitat Valenciana. La magistrada señala que, a pesar de las advertencias climáticas extremas, no se activaron los protocolos de evacuación ni se informó a la ciudadanía con la celeridad que requería una inundación de tal magnitud. Las personas que han perdido a sus seres queridos o sus hogares se han personado como acusación particular, exigiendo que se depuren responsabilidades penales por lo que califican como un abandono de funciones público.
Desde el Partido Popular, la respuesta ha sido de cierre de filas institucional, aunque con matices. Mientras algunos sectores internos de la organización intentan distanciarse de la gestión valenciana para evitar que el desgaste afecte a la dirección nacional en Génova, otros denuncian una «persecución judicial» motivada por intereses políticos. No obstante, el impacto de los datos aportados por la instrucción judicial es difícil de ignorar. La posible imputación de Carlos Mazón supondría uno de los mayores procesos por responsabilidad civil y penal derivados de una catástrofe natural en la historia de España, poniendo en tela de juicio los límites de la responsabilidad política ante la protección de la población.
