La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que «en el siglo XXI la transparencia y la igualdad es clave» y ha pedido que se investigue a Juan Carlos I «hasta el final», porque «una democracia robusta quiere que de una vez por todas se aclare lo sucedido» después de que se haya conocido que la Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que presuntamente recibió comisiones y otros beneficios de similar naturaleza en virtud de su intermediación en negocios internacionales.
La vicepresidenta segunda ha recordado las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha pedido este viernes que se deje actuar a la Fiscalía para que «llegue hasta el final» en la investigación que afecta al rey Juan Carlos.
Yolanda Díaz no ha sido la única reacción sobre este asunto. Casi todo el arco parlamentario se ha pronunciado. La declaración más contundente ha sido la del presidente de Unidos Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que ha dicho que el rey Juan Carlos I «tiene que sentarse en el banquillo de los acusados».
Mientras el diputado de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de «vergonzoso» que «cada mes haya un escándalo» del rey emérito y el PSOE y el PP se opongan a una comisión de investigación parlamentaria, Compromís insiste en que el Congreso investigue a Juan Carlos I y espera que el PSOE deje de «tapar» su «mierda». «Volveremos a pedir una comisión de investigación al emérito ahora que la Fiscalía argumenta que fue comisario internacional», ha escrito el portavoz de Compromís en la Cámara Baja, Joan Baldoví, en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter y recogido por Europa Press.
Por parte del bloque de centro-derecha, la voz que más se ha escuchado ha sido la de Inés Arrimadas. Mucho menos crítica, la líder de Ciudadanos ha pedido este viernes que la Fiscalía investigue «hasta el final» al rey emérito, Juan Carlos I, en relación con los indicios delictivos sobre el origen de su fortuna, pero ha dejado claro que su actuación no debe afectar al rey Felipe VI ni servir para que Podemos y los partidos independentistas intenten acabar con la monarquía.
