El Gobierno Sánchez, con su mayoría parlamentaria, tiene efectivamente una doble llave para arrojar luz sobre hechos negados oficialmente hace décadas; desde los relativos a la guerra del 36 hasta la guerra sucia de los años 70 u 80 pasando por otros episodios como el golpe de Estado de 1981. Por un lado cabe la derogación o al menos reforma pendiente de esa ley franquista, con la que dice estar comprometido; por otro, sin siquiera cuestionar la ley el propio Consejo de Ministros es la autoridad competente para desclasificar buena parte de esa documentación.
El Gobierno pretende sustituir la ley antes del final de la legislatura: no contemplará la desclasificación automática, sino diferentes plazos en función del grado de protección
La ley franquista aún vigente que permite mantener bajo llave «asuntos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en peligro la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la nación».
No habrá «liberación» automática de documentos
La desclasificación estará sujeta a «diferentes plazos en función del grado de protección».
Según ha podido confirmar La Vanguardia a través de varias fuentes de los ministerios implicados, el proyecto en el que se está trabajando no contempla la desclasificación automática de los documentos acerca de los GAL, ni tampoco relativos al 23F
La pervivencia de esa ley franquista es una anomalía total. Lleva, de hecho, la firma de Francisco Franco desde el Palacio del Pardo. Esto lo asume sin complejos incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles: “Pudo tener sentido en otro periodo de tiempo, pero no en una democracia absolutamente consolidada”, afirmó el pasado mes de noviembre.
Robles apuntó que Pedro Sánchez ya tenía un compromiso al respecto cuando llegó al cargo vía moción de censura en junio de 2018 pero que es ahora, con una mayoría más sólida, cuando “vamos a modificarla”.Fernando Grande-Marlaska es partidario de dejar ocultos estos capítulos. Por el contrario, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido las desclasificaciones automáticas, en favor de la transparencia, sin nombrar ninguna excepción, según fuentes cercanas a las negociaciones. Aunque todavía no se conoce la lista de secretos oficiales, si el Gobierno consigue el apoyo político suficiente para dar luz verde definitiva a la ley, ésta permitiría, por ejemplo, la divulgación de los expedientes de las negociaciones para la entrada de España en la OTAN, la participación en la Guerra del Golfo, el desastre de Palomares o la retirada del Sáhara Occidental
El artículo 4 de la ley actual establece que la desclasificación sólo es competencia del Consejo de Ministros y de los Jefes de Estado Mayor (que ya no existen). Los políticos y expertos consultados coinciden en que el mayor obstáculo actual es precisamente éste, que el organismo que los clasifica no se molesta en eliminar los secretos anteriores. De ahí la urgencia de la nueva ley para fijar los plazos. La intención es que el Consejo de Ministros siga teniendo la facultad exclusiva de desclasificar y no también -como algunos han pedido- los ministerios con asuntos clasificados.
