Desde Bilbao hasta Madrid, el Movimiento de Pensionistas ha vuelto a tomar las calles este 30 de enero. En el País Vasco, la denuncia por el bloqueo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para garantizar pensiones mínimas dignas ha congregado a miles de personas. En Madrid, la protesta se ha dirigido contra la sede de la oposición por su voto contrario al decreto que recogía las últimas subidas.
El sentimiento de traición entre los jubilados es palpable. Tras una vida de contribución, verse obligados a litigar por el poder adquisitivo básico es una herida social abierta. Nuestra línea editorial apoya sin fisuras estos movimientos vecinales y de mayores, que son la reserva ética de nuestra democracia. No se trata solo de dinero; se trata del respeto a un contrato social que el sistema intenta erosionar. La evidencia de que un sistema de pensiones público es sostenible con una reforma fiscal adecuada desactiva el pesimismo interesado de quienes pretenden privatizar el bienestar.
