Es el artículo que probablemente mayor rechazo social provoca dentro de la ya de por sí controvertida Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ‘ley mordaza’.
Un artículo que, en la práctica, faculta a cualquier agente nacional, autonómico o local a multar sin mayor trámite a un ciudadano por considerar que le ha despreciado y que, de facto, da veracidad a la versión del funcionario frente a la del supuesto infractor, que tiene que recurrir a un costoso trámite ante la Administración o la Justicia para evitar el embargo de su cuenta.
Los últimos datos oficiales del Gobierno revelan que cada vez más las fuerzas de seguridad están haciendo uso de este artículo. En una respuesta remitida al senador de Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo informa de que, desde julio de 2015 a finales de agosto del pasado año (últimos datos disponibles), se tramitaron un total de 46.168 multas por el desprecio a los agentes. O sea, más de 58 denuncias al día o, lo que es lo mismo, dos denuncias y media cada hora. Y esa cifra no incluye los datos totales del País Vasco y Cataluña, que no habían sido todavía registrados.
En mayo de ese mismo año, una vecina de Madrid también fue denunciada por el 37.4 por llevar un bolso con las siglas A.C.A.B. y el lema «all cats are beautiful» (todos los gatos son bonitos) al interpretar los funcionarios que en realidad era una referencia encubierta del lema «all cops are bastards» (todos los policías son bastardos).
Un joven de la localidad tinerfeña de Güímar fue multado gracias a ese mismo precepto simplemente por llamar «casta de escaqueados» a la policía local de su pueblo en su perfil de Facebook.
Una de las primeras denuncias de la ley de seguridad ciudadana por falta de «respeto» a los policías fue en Málaga, tan solo cinco días después de entrar en vigor la norma. Un conductor, que había sido parado para realizar un control de alcoholemia de la Guardia Civil, usó la expresión coloquial de «colega» para dirigirse a uno de los funcionarios, que le denuncio por considerar que se trataba de una expresión «despectiva» hacia un agente de la autoridad.
Varios periodistas, en ejercicio de su profesión en manifestaciones y otros eventos en la calle, también han sido denunciados usando este artículo y con la mera declaración del agente como prueba de cargo sin que haya mediado nunca resistencia a la autoridad, que está penada con otro precepto de la Ley de Seguridad Ciudadana. El polémico artículo 37.4, muy probablemente, desaparecerá de la norma aprobada en su día por la mayoría absoluta del PP en la reforma que encara ya el Congreso.
La ‘ley mordaza’ y sus sanciones apuntan a una media de 154 euros: 7,1 millones entre verano de 2015 y agosto de 2016
Los últimos datos remitidos por el Gobierno al Parlamento sobre la aplicación del artículo 37.4 no incluyen cifras actualizadas sobre la cantidad de dinero que está recaudando el Estado con las sanciones por «falta de respeto» a los policías. Las estadísticas de Interior sobre los primeros meses de aplicación de la ‘ley mordaza’, hasta enero de 2017, apuntaban a que la sanción media por este precepto (que incluye un arco de multas entre 100 y 600 euros) era de 154 euros. Extrapolando las cifras de entonces, el Estado habría impuesto, conforme a este controvertido artículo, multas por valor de 7,1 millones de euros desde la entrada en vigor de la ley mordaza en verano de 2015 hasta agosto del pasado año.
