El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, presenta este martes ante el Consejo de Ministros la segunda vuelta del Estatuto del Becario. Esta normativa busca regular un ámbito que afecta a 1.731.654 jóvenes en España, con el objetivo de establecer un marco de protección jurídica y finalizar con las dinámicas de precariedad que han convertido periodos de formación en sustitución de puestos de trabajo ordinarios.
La propuesta de Sumar se fundamenta en la necesidad de dotar de derechos laborales a un colectivo que, hasta la fecha, carecía de un paraguas legal robusto. Según los datos del Ministerio, el uso de estudiantes para cubrir funciones estructurales de las empresas sin la remuneración ni la protección adecuada es una práctica que requiere una intervención legislativa inmediata.
La regulación de la formación frente a la sustitución de empleo
El texto normativo se centra en definir con precisión qué constituye una práctica formativa y qué debe ser considerado un contrato laboral. El objetivo es que las empresas utilicen estos convenios exclusivamente para el aprendizaje y no como una vía para reducir costes operativos mediante el uso de estudiantes en tareas de producción diaria.
Para articular este cambio, el Ministerio de Trabajo ha diseñado cinco ejes fundamentales que transformarán la relación entre los centros de estudio, las empresas y los alumnos.
Las 5 medidas de Sumar contra la precariedad en las prácticas
1. Definición estricta de la actividad formativa La medida principal establece que un alumno en prácticas no puede realizar las funciones de un trabajador de plantilla. La norma prohíbe que los becarios asuman responsabilidades estructurales de la empresa. En caso de que se detecte que el estudiante realiza tareas propias de un empleado habitual, la Inspección de Trabajo tendrá la facultad de determinar que existe una relación laboral encubierta, lo que obligará a la empresa a formalizar un contrato indefinido.
2. Compensación obligatoria de los gastos derivados El Estatuto elimina la posibilidad de que las prácticas supongan un coste para el estudiante. Las empresas estarán obligadas por ley a sufragar los gastos de desplazamiento, material y manutención. Con esta medida, se pretende que el acceso a la experiencia profesional no esté condicionado por el nivel de ingresos de la familia del joven, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo.
3. Establecimiento de cupos por plantilla Para evitar la saturación de becarios en los centros de trabajo, se fija un límite máximo: las personas en formación no podrán superar el 20% de la plantilla total de la empresa. En los negocios de menor tamaño (menos de diez trabajadores), el límite se establece en un máximo de dos personas en prácticas. Esta limitación asegura que exista una capacidad real de tutorización y supervisión por parte de los profesionales de la empresa.
4. Equiparación de derechos logísticos y de descanso Los estudiantes en prácticas pasan a tener reconocidos derechos que anteriormente quedaban al criterio de la empresa. Esto incluye el derecho a los periodos de descanso, festivos y vacaciones. Asimismo, tendrán garantizado el acceso a todos los servicios comunes del centro de trabajo, como comedores, áreas de descanso o servicios de transporte, en las mismas condiciones que el resto del personal contratado.
5. Supervisión y régimen de tutorías La norma refuerza la figura del tutor para asegurar que el componente pedagógico sea real. Cada tutor podrá tener a su cargo un máximo de cinco alumnos (tres en empresas pequeñas). Además, se potencia la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que contará con criterios más claros para sancionar los casos de fraude y asegurar que los convenios de colaboración cumplan estrictamente con su fin educativo.
El debate social y empresarial
La aprobación de este Estatuto cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, que ven en esta norma un paso necesario para la dignificación de la entrada de los jóvenes al sistema productivo. Por su parte, la patronal CEOE ha manifestado sus reservas respecto al incremento de las cargas administrativas y los costes asociados.
Con la aprobación de este martes, el Gobierno busca cerrar la vía a la precariedad juvenil y establecer un modelo donde la formación sea el eje central, protegiendo a los más de 1,7 millones de jóvenes que cada año transitan entre la universidad y el empleo.
