Los propietarios de prostíbulos y quienes utilicen un piso o local de forma habitual para lucrarse con la prostitución ejercida por otras personas -aunque tengan su consentimiento- cometerán un delito castigado con penas de prisión y verán clausurado su establecimiento y confiscados los bienes generados por su actividad. Así lo estipula el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del «sólo sí es sí», que fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros y que en septiembre iniciará un trámite parlamentario que, antes del verano de 2022, debería concluir con su aprobación.
La futura norma, que enfrenta a los dos socios de gobierno desde hace más de 15 meses, reintroduce en el Código Penal el delito de alquiler a terceros, con el que se pretende castigar y cerrar la industria de la prostitución en España. No sólo será delito forzar o engañar a alguien para que se prostituya en beneficio propio, sino también explotarlo como negocio. Este delito, del que están excluidas las «cooperativas» de prostitutas, será castigado con 1 a 3 años de prisión, que pueden llegar a seis si hay violencia o intimidación.
El Ejecutivo dio ayer luz verde a la reforma que convierte en agresión cualquier acto contra la libertad sexual que no sea consentido de forma «clara» y «libre». «Esta ley es tuya. Sólo tú decides sobre tu sexualidad, ¡sólo el sí es el sí!», dijo Montero a las mujeres españolas.
