La ‘Ley Mordaza’ pasa factura al colectivo animalista en Castellón. Amparándose en la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el pasado 1 de julio con el único respaldo del PP y su mayoría absoluta en el Congreso, la subdelegación del Gobierno en Castellón ha impuesto multas de 6.000 euros a cada uno de los 35 activistas antitaurinos que impidieron la celebración de un festejo de “toro embolado” el pasado 5 de diciembre en la localidad castellonense de Olocau del Rey.
Este grupo de manifestantes había convocado mediante las redes sociales una concentración en la cercana localidad de Arañuel, donde se instaló un dispositivo policial, pero finalmente se desplazaron a Olocau del Rey, donde se encadenaron en resistencia pacífica a un pilón hasta el furgón donde estaba encerrado el toro para evitar su salida con bolas de fuego en los cuernos.
Según refirieron los activistas en una nota de prensa tras los sucesos de esa noche, en la población “no había seguridad de ningún tipo”, por lo que les fue fácil acceder a la plaza y encadenarse al pilón, donde permanecieron sin incidentes por espacio de una hora, hasta que comenzaron a recibir los insultos y agresiones por parte de los defensores de la fiesta, como se puede apreciar en la grabación de los hechos.
“Pasaron de los empujones e insultos a las patadas, puñetazos y golpes sin medina ni control, especialmente porque no había protección policial”, a pesar de que los propios activistas avisaron a la Guardia Civil minutos antes de llevar a cabo su acción, pero no fue hasta hora y media después que acudió una patrulla con ocho agentes de seguridad que procedieron a identificar a los manifestantes, según informó la plataforma ‘La Tortura no es Cultura’.
Según los activistas, fue al finalizar la concentración cuando el ambiente alcanzó su peor momento, al conocerse que la acción había resultado exitosa y se había evitado el embolado del toro, ya que los taurinos les persiguieron hasta sus vehículos y continuaron agrediéndoles incluso rompiendo los cristales del coche de uno de los manifestantes.
Ahora, la subdelegación de Gobierno considera de gravedad la acción de este colectivo, que impidió la celebración de un festejo autorizado, y les señala como autores de la vulneración de dos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, por poner en peligro la seguridad de un acto público y por celebrar una manifestación de más de 20 personas sin convocatoria previa, así como responsables de varios desperfectos, además del perjuicio económico para el municipio.
Según ha informado la subdelegación, son las sanciones más altas impuestas en España a antitaurinos por manifestarse en festejos populares, más incluso que alguna de las aplicadas tras la celebración del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid), que alcanzaron los 5.200 euros, han precisado las mismas fuentes.
Los multados podrán realizar alegaciones a esta sanción administrativa, que les ha sido notificada recientemente, y tendrán un descuento del 50 por ciento de la misma por pronto pago.
De los 35 multados, solo 6 son de Castellón, mientras que los 29 restantes pertenecen a otras provincias, según ha informado la subdelegación del Gobierno.
