Archivada la causa penal contra Ana Botella por la venta irregular de viviendas públicas a un ‘fondo buitre’

A pesar de la reciente condena del Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, por la venta irregular de vivienda social a un ‘fondo buitre’, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha decidido archivar la causa en la que investigaba por vía penal la misma venta en 2013 de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) por parte del Ayuntamiento de Botella, al considerar que “no existen elementos suficientes” que permitan la continuidad del procedimiento.

Así consta en un auto dictado este miércoles, en el que el juez acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa al no quedar “debidamente justificada la perpetración del delito”.

En el procedimiento penal se investigaban delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, infracciones penales que no han quedado acreditadas en la instrucción, según el juez, quien justifica la actuación de Botella alegando que se hizo “para solventar una angustiosa situación económica” y quien tenía competencias para ello acordó “llevar a cabo un plan que contemplaba, entre otras cosas, medidas como la venta de inmuebles”.

“Y para ello se llevó un proceso que con todas sus irregularidades formales, menores, respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresas cuyas condiciones se consideraron, razonadamente, más ventajosas”, considera el juez.

Sin embargo, el pasado diciembre el Tribunal de Cuentas sí que condenó a la ex alcaldesa y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la misma venta de 18 promociones de viviendas de la EMVS a este ‘fondo buitre’, el grupo societario Fidere.

La sección de Enjuiciamiento del Tribunal cifró en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS. “La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público”, sentenció.

La denuncia

Las actuaciones se incoaron a raíz de una denuncia presentada por el abogado del PSOE en nombre del entonces portavoz municipal Jaime Lissavetzky, así como por la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas de la EMVS contra el exdirigente de este organismo municipal Fermín Oslé y Alfonso Benavides, el apoderado de la firma Fidere, que gestiona el fondo de inversión Blackstone.

Los demandantes afirmaron que el procedimiento objeto de la causa “no fue correcto” por existir, entre otras cosas, “otras alternativas, otras posibilidades que produjesen algo así como menos daño a la ciudad de Madrid”.

La respuesta del juez es que “este enfoque o criterio” debe descartarse, debiéndose analizar solo “lo que realmente se hizo, y solo eso” y si la conducta de los querellados “puede incardinarse en un tipo penal”. “No todo lo sancionable en otros ámbitos lo es en el ámbito de lo penal”, remarca.

Recursos en contra de la decisión judicial de archivar la causa

El abogado del PSOE ya ha anunciado que recurrirá el archivo de la denuncia que interpuso al estar disconforme con la resolución. De igual modo, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS impugnará el sobreseimiento, según ha informado su presidenta, Arantxa Mejías.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha comunicado que está “estudiando” la decisión judicial y, “en función de eso, se tomarán las medidas adecuadas”.

De momento, según ha anunciado este jueves la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) volverá a iniciar el proceso para solicitar la nulidad de la operación de venta basándose en la resolución del Tribunal de Cuentas, con el objetivo de revertirla.

La resolución del Tribunal de cuentas se dio tras la demanda del consistorio madrileño por perjuicio económico a las arcas municipales por dilapidar y malvender a manos privadas el patrimonio público. El pasado 27 de diciembre el Tribunal de Cuentas dio la razón al Ayuntamiento de Carmena, cifrando en 25,8 millones de euros este perjuicio: “La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público”.

Paralelamente, el Ayuntamiento también ha recurrido a la vía europea, siguiendo las recomendaciones de la comisión de investigación y con el apoyo de Ahora Madrid y PSOE, el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos. Así, el consistorio madrileño interpuso una denuncia ante la Comisión Europea, alegando una infracción del derecho de la competencia, prevista en los artículos 101 y siguientes del Tratado de funcionamiento de la UE.