

El concejal de Vox en València Vicente Montañez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el partido que preside Santiago Abascal por financiación ilegal, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal.
Así lo ha afirmado Montañez -que no figura en las listas de Vox del 28M- a su salida de la Ciudad de la Justicia de València, donde ha presentado esta denuncia que, según ha afirmado, se acompaña con más de 50 documentos adjuntos, todos ellos emitidos por órganos del partido, y que probarían la comisión de estos delitos.
Asegura que, al menos, ocho diputados nacionales, entre ellos el actual candidato a la alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, intervenían de forma sistemática en lo que, aparentemente, según los indicios que tiene, “podría ser una auténtica red orientada a vaciar las arcas de los grupos municipales”.
Denuncia articulada en torno a cuatro ejes
La denuncia, que se articula en torno a cuatro ejes fundamentales, advierte de la intención por parte del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y de gran parte de su organización de “controlar en primera persona, a través de un otorgamiento de poderes notariales, la cuenta de los grupos municipales”.
Ha destacado que el grupo municipal de València renunció a hacerlo, decisión por la que recibió “innumerables presiones”, y abrió su propia cuenta, momento en el que se encuentran “con la segunda forma con la que intentan expoliar las arcas de los grupos municipales”.
Esto se producía, según el concejal, “a través de una serie de convenios mediante la prestación de unos servicios teóricos que nunca se producían y para los que el partido no tenía capacidad, en cuanto a personal, para acometer”.
Además, ha añadido que en aquellos servicios que le consta sí se llevaban a cabo “no existía un aporte documental que justificara a dónde habían ido esos ingresos”.
Se negaban a devolver las subvenciones
Es más, ha asegurado que en una reunión que mantuvieron 300 concejales con Ortega Smith; con el gerente de Vox, Juanjo Aizcorbe, y el tesorero, Pablo Saez, y cuyo audio se ha adjuntado a la denuncia, estos reconocieron que no querían devolver las subvenciones de los grupos municipales para que estas cayeran en beneficio del partido.
Ha destacado que bajo su punto de vista, “hay fundamentos de derecho suficientes” para establecer que esa actuación es “absolutamente contraria a la actual ley de financiación de partidos y a la ley de Bases del régimen local”.
Coacciones y amenazas
Montañez, que no figura en la lista de Vox a las elecciones municipales de este domingo, ha explicado que había una tercera vía para hacerse con los fondos del grupo municipal, una vía que ha calificado de “directa” y que se le quiso aplicar “bajo coacciones y amenazas”.
Esta implicaba que el grupo municipal pagara una factura que, en el caso de València, ascendía a más de 8.000 euros, “por servicios que nunca se habían prestado ni existía intención de prestar” por el uso de sedes y una serie de cuestiones que son las que sustentan la denuncia por falsedad documental.
Uso de subvenciones para financiar sedes
La cuarta vía, ha explicado, es la utilización por parte del partido de las subvenciones municipales para la financiación de determinadas sedes, y asegura aportar documentación de un caso en Alzira (Valencia), donde se suscribe contrato con una mercantil por el alquiler de un local para sede ciudadana, que luego es usado como sede del partido Vox Valencia.
Montañez confía en que la Fiscalía abra un expediente de investigación, pues cree que hay indicios más que suficiente para ello, y destaca que se trata de delitos penales muy graves, en gran medida cometidos por personas aforadas y cargos orgánicos de primea línea del partido
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