Han pasado casi cuatro años desde aquel enero de 2014 en el que los vecinos del burgalés barrio de Gamonal se pusieron en pie de guerra contra el despilfarro y la especulación urbanística, en tiempos duros de recortes sociales, por la construcción de un bulevar que costaría 8 millones de euros de dinero público y cuyo principal beneficiario sería el empresario Miguel Méndez Pozo, próximo al alcalde del PP Francisco Javier Lacalle, ya condenado en el pasado por delitos de corrupción en el conocido como ‘caso de la construcción’ de Burgos.
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Según la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuatro de los acusados han sido condenados a seis meses de cárcel por un delito de atentado, aunque han quedado absueltos del delito de desórdenes públicos que también se les imputaba.
La única joven juzgada por esos incidentes ha sido condenada a un año de prisión, al sumarse las condenas de seis meses por los delitos de atentado y desórdenes públicos.
Solo uno de los acusados ha sido absuelto de ambos delitos ante las declaraciones poco concluyentes de los agentes de Policía Nacional que le detuvieron y errores en el atestado policial.
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Según consta en la sentencia, el 11 de enero de 2014 se celebró una manifestación a las 19.00 horas para protestar por las obras del bulevar y para pedir la liberación de las personas detenidas la noche anterior durante los altercados en los que, tras acabar la movilización con cargas policiales, se volcaron contenedores y se lanzaron objetos contra el mobiliario urbano y sucursales bancarias, resultando heridos varios agentes antidisturbios.
Se trata del último juicio por estos hechos cuya sentencia se conoce hoy. Los pasados meses de marzo y abril se juzgaron a otras 12 personas que fueron detenidas durante la primera jornada de altercados. De ellas, siete resultaron absueltas mientras que los otros cinco fueron condenados a seis meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad.
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