Las decisiones de los políticos de izquierdas generan kilos y kilos de dinero despilfarrado en abogados y tribunales por parte de sus contrincantes, todo lo que no les gusta es delito y puede llevarse a los tribunales. Estas iniciativas contra la separación de poderes rara vez prosperan, porque de lo contrario significaría que los jueces tendrían la última palabra sobre todas las decisiones, incluidas las adoptadas por cualquier Gobierno. Es lo que ocurrió con la querella presentada por dos abogados contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el director de Justícia Global i Cooperació Internacional, David Llistar, por la ruptura de relaciones entre la capital catalana e Israel por la ocupación de Palestina, que fue rechazada por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
En una decisión de de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional se rechaza la denuncia presentada por los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas contra Ada Colau, porque según establece la ley de enjuiciamiento criminal se inadmitirán las querellas presentadas cuando «los hechos en que se fundan no constituyen delito».
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También serán rechazadas aquellas interpuestas ante un órgano que «no se considera competente para instruir el sumario», como ocurre con los juzgados centrales de Instrucción cuando los hechos denunciados son un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Barcelona. De haber sido delito los hechos denunciados los competentes para investigarlo serían los juzgados de esa ciudad.
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Sin efectos fuera de España
Los querellantes atribuían a Colau y Llistar los delitos de odio y de prevaricación administrativa. Argumentaban la competencia de la Audiencia Nacional en que «la voluntad, perfectamente expresada por la querellada, no agota sus efectos, ni muchos menos en la ruptura de un acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Tel-Aviv del año 1993 en el marco de los Acuerdos de Oslo para la paz en Oriente Medio, sino que se dirige esencialmente a manifestar directamente al Estado de Israel en la persona de su primer ministro la suspensión de las relaciones con el Estado de Israel y con las Instituciones oficiales de dicho Estado»
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